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Trabajamos para contribuir, de forma activa y participativa, en el desarrollo y mejora de los procesos de evaluación de las normas chilenas en su ciclo regulatorio.
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Desde hacía tiempo que legisladoras/es de diversas bancadas acusaban el incumplimiento desde el Ejecutivo de la dictación de los reglamentos de algunos proyectos aprobados por el Congreso Nacional y publicados como ley de la República, sin embargo no existía un informe específico que diera cuenta de la situación.
Frente a dicho escenario, se encomendó un estudio al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados que diera cuenta, en forma específica y cuantitativa, del nivel de cumplimiento de este deber normativo de la autoridad administrativa.
El presidente del Comité que lidera el citado Departamento, diputado Pablo Lorenzini (DC), expuso entregó esta semana ante la Sala de la Corporación, el informe con los principales resultados del análisis efectuado, que incluyó el periodo marzo 2012 – marzo 2017.
Se informó que durante los cinco años que tomó la evaluación, 44 leyes mandataron la dictación de un reglamento; 10 buscaban modificar uno ya existente; y dos contemplaban ambas opciones.
«Del total de normas que mandatan crear y modificar reglamentos, las que corresponden a 56 leyes durante el periodo revisado, 17 no cuentan con un reglamento publicado. De estas, cinco señalan un plazo fijo para ello, mientras que doce no lo establece», concluyó el estudio.
El Departamento, asimismo, determinó una serie de situaciones que podrían afectar la aplicabilidad de las normas y distorsionar el espíritu de la ley por desconocimiento o por los lineamientos adicionados por el gobierno de turno a saber: ausencia del reglamento de ejecución; falta de modificación de uno preexistente; e inconsistencia entre el contenido del mismo y su ley respectiva.
Como recomendación, el organismo asesor propone mejorar la técnica legislativa, delimitando en la norma la materia que deberá ser regulada por el reglamento, disminuyendo así el margen de interpretación por parte del Poder Ejecutivo.
Además, se plantea establecer un método de fiscalización cuantitativo y, posteriormente, cualitativo de los reglamentos; y contar con un sistema más simple y amigable de acceso a los reglamentos.
