SÍNDROME DE DOWN: LA DEUDA DE CHILE CON LA DISCAPACIDAD MENTAL

“Una sociedad moderna debe contar con una legislación que permita a todas las personas desarrollarse”, así lo expresó el diputado Lorenzini.

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El Presidente del Comité de Evaluación de la Ley/OCDE, diputado Pablo Lorenzini, en el Día Mundial del Síndrome de Down, destacó el trabajo llevado a cabo por el Departamento en el análisis efectuado a la Ley N°18.600 que establece normas sobre personas con discapacidad mental.

El parlamentario expresó que una sociedad moderna debe contar con una legislación que permita a todas las personas desarrollarse y eso incluye a las personas con discapacidad mental.

"Viendo que teníamos una ley muy antigua sobre el tema- de 1989- decidimos revisarla y el análisis concluyó en la necesidad de promover la participación activa en la sociedad de las personas con Síndrome Down, en darles garantías sobre sus derechos y en entregarles una atención integral" afirmó Lorenzini.

En Chile, según datos de la revista chilena de obstetricia y ginecología, se estima que tiene una prevalencia de síndrome de Down de 24,7/10.000 nacimientos, siendo la tasa más alta en Latinoamérica, y con una significativa tendencia al ascenso (1982-1994: 17/10.000 nacimientos vs 2001-2010: 25/10.000 nacimientos).

El diputado señaló que pondrá, nuevamente, a disposición de las autoridades que corresponda el Informe del Departamento de Evaluación de la Ley con el fin de que se avance en el tema de discapacidad mental.

"Vamos a celebrar este día tan especial con un sector importante de la población que ha sido un poquito dejado de lado" sostuvo el Presidente del Comité de Evaluación de la Ley/OCDE.

 

Evaluación de la Ley N° 18.600 concluyó:

- Que las normas nacionales desconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental y su voluntad es remplazada por la de un tercero llamado curador provisorio. Por los que se recomendó utilizar el modelo de "apoyo a la toma de decisiones" e incluir salvaguardias para evitar abusos en el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona afectada.

- Falta de concordancia de la Ley con la Convención, la que promueve la participación activa de las personas con discapacidad mental en la sociedad.

- Demanda ciudadana para que la Ley N° 18.600 incorpore garantías de derechos y atención integral a la población.

- Readecuación del lenguaje jurídico y social: ni locos no dementes. Lo anterior sería un primer paso para remover las barreras que impiden su inclusión en la sociedad.

- Se recomendó actualizar el lenguaje de la legislación y realizar campañas a través de los medios sobre la forma correcta para referirse a los temas de discapacidad.

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